La asociación pública privada, impulsada por el Ministerio de Obras Públicas, es una estrategia que ha permitido al Estado, en el área de inversión de infraestructura pública, liberar recursos para favorecer otras obras públicas de alto impacto social que el MOP hubiera tardado años realizar, optimizar sus inversiones y potenciar el desarrollo productivo del país. Desde el ámbito privado, se aportan los recursos económicos, la experiencia e innovación tecnológica y, desde el Estado, se entregan los esquemas asociativos, instrumentos que facilitan el financiamiento y un marco legal que ha permitido sustentar una alianza a largo plazo.

Las normas jurídicas que reglamentan la provisión de infraestructura pública, a través del sistema de concesiones, están estipuladas en diversos cuerpos legales, especialmente la Ley de Concesiones (DS N° 900 de 1996 del Ministerio de Obras Públicas y su Reglamento, Decreto Supremo N° 956, de 1997; Ley 20.410 de 2010 y ley 21.044 de 2017 y modificación al Reglamento de Concesiones en materias de iniciativas privadas). Dicha normativa, aprobada ampliamente por todos los sectores políticos del país, regula la adjudicación, ejecución, reparación o conservación de las obras públicas otorgadas en concesión a privados. La Ley de Concesiones establece que en los procesos de licitación pueden participar empresas nacionales y extranjeras.

En su ciclo de desarrollo, las propuestas a ser concesionadas pueden ser de origen público o privado. En el segundo caso, el Ministerio de Obras Publicas debe determinar si la iniciativa es de interés para el Estado, lo que es visto por el Consejo de Concesiones. De ser así, el proyecto será considerado apto para ser licitado. Si el origen del proyecto es público, el Ministerio consulta con otros organismos fiscales sobre su factibilidad y conveniencia; sólo entonces se integra a la cartera de negocios.

Una vez que los interesados en los proyectos entran en una fase de precalificación o directamente de licitación, los profesionales del Ministerio de Obras Publicas dan inicio a una etapa de intercambio de información técnica y de factibilidad con los participantes del sector financiero y los propios actores del proceso, perfeccionando los proyectos y los mecanismos de participación del Estado y del sector privado. Una vez concluido este proceso se elige, entre las propuestas técnicamente aceptables, la que entregue la mejor oferta económica. La empresa o consorcio que se adjudica la concesión construye las obras establecidas en el contrato, lo administra y mantiene el servicio por un período determinado que varía de acuerdo a cada base de licitación-

El esquema utilizado para la ejecución de los proyectos es el Sistema BOT (construir, operar y transferir, de sus siglas en inglés). Para hacer posible este sistema, los ingresos percibidos deben ser superiores a la inversión realizada, tanto en obras como mantenimiento y operación de las mismas. De igual forma, debe existir un sistema de garantías y seguros que de confianza a todos los agentes que se relacionan con la construcción, operación y mantenimiento del contrato de concesión, y un esquema financiero que permita diversificar los riesgos de la inversión.

El Sistema de Concesiones chileno ha sido pionero en aspectos relativos a la gestión y planificación ambiental, marcando un camino para el desarrollo sustentable de la infraestructura en chile. La participación ciudadana es un aspecto fundamental en las distintas fases de un proyecto concesionado. De esta manera, se promueve la inserción territorial de las obras, acorde a los impactos que éstas generen y con las necesidades de la comunidad, la que es informada e integrada en los procesos de elaboración de los distintos contratos de la concesión.

De esta forma, la industria de las concesiones de infraestructura pública, además de generar importantes recursos para el desarrollo de la economía nacional, ha dado también un fuerte impulso a la integración social y cultural de Chile.

Para concretar las obras contempladas en el programa de concesiones que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Fisco se ve en la necesidad de adquirir los terrenos en que dichas obras se realizarán. Para ello debe expropiar el terreno, pagando a cada uno de los propietarios afectados la indemnización que contemplan las normas constitucionales y legales vigentes, siguiendo un procedimiento descrito y regulado por el Decreto Ley Nº 2.186 de 1978 (Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones).

¿Qué deben hacer los propietarios sujetos a expropiación?

Mantener disponibles y actualizados todos los antecedentes legales de la propiedad (títulos de dominio como escrituras públicas de compraventa, donación, etc., copias de inscripciones, idealmente con certificados de vigencia actualizados, y otros que arroje un estudio de títulos básico). Resolver los problemas de sucesiones u otros vinculados al dominio. Facilitar la visita que realizará la comisión de peritos tasadores.

¿Cómo es el proceso de expropiación?

Primero se requiere contar con el proyecto de lo que será la Obra Pública Concesionada, para luego elaborar el plano de las áreas sujetas a expropiación. Aprobado el plano, el MOP informa o comunica al propietario afectado, indicando la superficie del predio que será necesario expropiar. Al mismo tiempo se le comunica que una comisión de tres peritos tasadores independientes visitará la propiedad para efectuar la tasación del área que se necesita expropiar y demás bienes afectados. La comisión cuyo nombramiento y actuación están regulados en el DL 2186, ya citado, portará un certificado que acredita su nombramiento.

Con información de terreno y antecedentes de la propiedad, la comisión elabora un informe de tasación, indicando características de la propiedad, valor comercial de todo lo que se expropiará. Posteriormente, el expropiado recibe una segunda comunicación por parte del MOP con copia del informe indicándole el valor de tasación y los datos de contactos del personal del Departamento de Expropiaciones de la Dirección General de Concesiones con quienes se podrán contactar durante el desarrollo del procedimiento.

Si hay acuerdo con la tasación, se procederá a la tramitación por la vía del acuerdo o convenio. En este caso, una vez agotados los trámites administrativos el MOP pagará directamente al expropiado la indemnización por la expropiación. Los hitos más relevantes son la manifestación del acuerdo con la expropiación y la entrega de los bienes expropiados, la verificación de que no existen impedimentos legales para esta vía de tramitación, la firma de una Escritura Pública de expropiación por parte del MOP y del expropiado y la posterior inscripción a nombre del Fisco del terreno expropiado en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. Esta tramitación tarda aproximadamente 10 meses. Después de inscrita la propiedad a favor del Fisco, el MOP emite un informe de pago que dará origen a una orden de pago en favor del expropiado.

Si no existe acuerdo con la tasación o se verifica la existencia de impedimentos legales o administrativos, la expropiación será tramitada por vía judicial, oportunidad en la que se puede reclamar del monto fijado por los peritos, siendo los tribunales los encargados de fijar la indemnización definitiva, para lo cual tomarán en consideración los antecedentes presentados por el expropiado y el MOP. Mientras se desarrolla el proceso judicial, el juez puede ordenar que se pague al propietario expropiado la suma no disputada del monto de indemnización. Además, los tribunales deben autorizar al MOP para que ingrese a terreno y ejecute las obras a pesar del procedimiento judicial en trámite.